APRODE ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de reducción de la jornada de trabajo recordando al Gobierno el devastador impacto para el comercio de proximidad, en la consulta pública previa abierta el 22 de noviembre.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, llegó el 20 de diciembre a un acuerdo con los agentes sociales para avanzar en la reducción de la jornada laboral en 2025.
Alegaciones a la reducción de la jornada laboral
Desde APRODE hemos recordado en las alegaciones enviadas al Ministerio de Trabajo y Economía Social el valor estratégico del sector del comercio de alimentación, compuesto en su mayoría por PYMEs. Un sector que representa el 12,3% del tejido empresarial y genera 1,9 millones de puestos de trabajo en España.
Aplicar esta regulación de manera homogénea podría generar graves consecuencias económicas y sociales a comerciantes y consumidores. El comercio de proximidad se caracteriza por ofrecer un servicio presencial y cercano a sus clientes, desarrollar la economía local y mantener en funcionamiento las zonas rurales de España. En muchos de estos casos se trata de pequeños negocios familiares por lo que para hacer frente a la reducción de jornada y seguir funcionando con normalidad supondría un riesgo mismo para la viabilidad de los negocios.
Según datos de la Confederación Española de Comercio (CEC) el coste de esta medida se elevaría a 3.866 millones de euros afectando principalmente a las PYMEs, que ya operan con márgenes muy ajustados. En 2023 el incremento medio de los costes laborales totales de los comercios minorista españoles ya fue del 5,9%, por encima de la media del conjunto de la economía.
Si quisieran mantener los horarios de apertura y atención al público, este gasto extra no iría acompañado de mayores ingresos para los comercios de alimentación, implicando exclusivamente un aumento de los costes laborales para los empresarios. Para hacerle frente a este gasto y no resultar en pérdidas, el comerciante podría verse en la necesidad de subir los precios de los productos, lo que implicaría un aumento de la inflación.
Si los comerciantes decidieran evitar el incremento de costes de personal para salvar sus cuentas de explotación, el pequeño comercio tendría que reducir su horario de apertura, limitando la capacidad de atención adecuada a los consumidores e impidiendo satisfacer sus demandas, especialmente a aquellos que tienen horarios de trabajo extensos o no convencionales. Esto podría traducirse en una reducción de las ventas y consecuentemente, en una menor contribución al PIB, que actualmente representa el 4,9% del PIB nacional, según los datos de la Confederación Española de Comercio.
A estos costes directos se suman, los recientes incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) y los costes indirectos derivados de la afectación a la producción, necesidad de nuevas contrataciones y pago de horas extra. Estos factores incrementan el riesgo de cierre de pequeñas empresas que ya se encuentran en una situación vulnerable, con efectos devastadores en el tejido empresarial y el empleo local.
El servicio público que ofrecen los comercios en el territorio rural, en vez de mayores cargas, lo que deberían es contar con exenciones impositivas y ayudas directas para la implantación de comercios que favorezcan un imprescindible fortalecimiento de su tejido comercial.
Por último, el Presidente de APRODE, Antonio López Vaquero, ha señalado que el sistema de negociación colectiva por parte de los agentes sociales ha demostrado ser un modelo exitoso en el que sindicatos y empresarios han ido acordando año tras año en los convenios muchas de las regulaciones que han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, atendiendo siempre a la sostenibilidad de los negocios: puesto que sin empresas no hay trabajo por cuenta ajena. Este equilibrio ha sido respetado desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores hace más de cuarenta años y se ha ido ajustando a jornadas inferiores a la máxima legalmente establecida de mutuo acuerdo, sin que una norma obligara a ello.
Propuestas de APRODE
- En primer lugar proponemos que se retire el Anteproyecto de Ley, dejando la determinación de la jornada máxima al ámbito de la negociación colectiva, como se viene haciendo desde hace muchos años con gran éxito. Es desde los distintos sectores, grandes conocedores de la realidad de cada sector desde donde se puede ir ajustando la jornada atendiendo a la realidad de cada uno de ellos.
- Subsidiariamente, solo para el caso en el que no se atienda el punto anterior, proponemos que se establezca un criterio basado en el tamaño de la empresa, contemplando una excepción a esta medida para las pequeñas y medianas empresas (con menos de 250 trabajadores, siguiendo la clasificación oficial de categorización de las empresas).
En este sentido, Antonio López Vaquero, presidente de APRODE, enfatiza que es esencial que las normativas laborales consideren las distintas realidades de cada sector. Sin un enfoque adaptado, esta medida podría erosionar el tejido empresarial y afectar negativamente a millones de consumidores y trabajadores.
- Y desde luego, en caso de no retirar el Anteproyecto, dejando esta mataeria en manos de los agentes sociales, proponemos que se establezca un periodo transitorio de aplicación que permita a los empresarios un margen de adaptación para reorganizar su actividad hasta que sean efectivas las nuevas condiciones de trabajo de sus empleados.
Finalizado el plazo de consulta pública previa, el pasado 20 de diciembre, el Gobierno llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales, adelantando un borrador del Anteproyecto de Ley. Si llega a ser expuesto a información pública, APRODE participará de nuevo defendiendo los intereses empresariales del comercio de proximidad.
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