El salario mínimo interprofesional para 2025 se fijó en 1.184 euros, un 4,4% más que el año anterior, mientras el paro aumenta un 7,3%.
El Real Decreto 87/2025 fija en 1.184 euros brutos mensuales el nuevo salario mínimo interprofesional para 2025, que debe aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Este incremento del 4,4% afecta directamente a las PYMES, quiénes, teniendo un margen reducido de maniobra, deben hacer frente a un aumento inmediato de los costes de personal.
Además, esta medida fue aprobada sin el respaldo de CEOE y CEPYME, quienes advirtieron del impacto negativo que tendría este incremento para el tejido productivo y el conjunto de la economía española.
Impacto del SMI 2025
Las continuas subidas anuales del SMI desde 2018 han provocado que las empresas deban hacer frente a un aumento de los costes salariales de hasta un 75% sobre la cifra del salario mínimo. Estos gastos que se acentúan cada año afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas que poseen un menor margen de beneficios para hacer frente a este incremento.
Las PYMES poseen progresivamente una menor capacidad para contratar personal, dificultando a su vez el poder dar cobertura al personal de baja en constante incremento o el mantenimiento de los horarios de apertura y atención al público.
La creación de empleo también se ralentiza debido a que los nuevos gastos no van acompañados de unos mayores ingresos para los pequeños y medianos empresarios.
El informe “Repercusión de la subida del SMI en la pyme española”, elaborado por CEPYME en 2023 resalta que el aumento del salario mínimo en los últimos 5 años ha sido del 47% mientras la productividad cayó un 3,8%. Para evitar el impacto que esto tiene en las pequeñas empresas, la subida del salario mínimo debería ser acorde a la coyuntura y productividad estatales.
Además, si a esta subida del SMI se le sumase la propuesta de reducción de la jornada laboral, se generaría un aumento considerable del precio/hora trabajada: pasando de 8,21 euros a 10,18 euros aproximadamente.
Este incremento en los costes laborales podría traducirse en una subida del precio final de los productos de los pequeños comercios, que sin otra alternativa para mantener los negocios a flote, verían mermada su competitividad frente a las grandes empresas; perjudicando en última instancia a los consumidores.
Las PYMES representan el 99,8% de las empresas españolas, y requieren de un marco normativo estable y que considere las consecuencias que perciben de las subidas anuales de los costes laborales.
APRODE sigue de cerca la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral y otros temas de suma relevancia para el sector, decidida a defender los intereses empresariales del comercio de proximidad español.
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