La asociación ha trasladado al Ministerio un análisis que advierte sobre los riesgos operativos y de seguridad alimentaria que supone obligar al detallista a etiquetar en tienda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que lidera Pablo Bustinduy Amador, tramita actualmente el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Etiquetado Accesible de Productos de Consumo. Esta norma busca garantizar la autonomía de las personas con discapacidad visual, un objetivo que APRODE comparte plenamente como consumidores especialmente vulnerables.
Sin embargo, tras un análisis técnico-jurídico detallado, la asociación considera que el texto actual quiebra los principios de proporcionalidad, eficacia y realidad operativa del sector. Imponer al detallista la obligación de intervenir en el etiquetado de productos envasados en origen no solo amenaza la supervivencia del comercio de barrio, sino que no se traduce en una mejora real de la accesibilidad universal.
Esta preocupación no es nueva ya que cabe recordar que el primer borrador de este Real Decreto ya recibió observaciones del procedimiento TRIS (Sistema de Información de Reglamentos Técnicos) de la Comisión Europea en 2025. En aquel momento, Bruselas advirtió de que la norma vulneraba principios esenciales como la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado, alertando sobre riesgos de fragmentación que el texto actual todavía no ha conseguido subsanar.
¿Qué propone el Anteproyecto?
La norma obligaría a los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadraros a garantizar que ciertos productos cuenten con etiquetado en braille. En su versión actual, el proyecto contempla que sea el minorista quien deba facilitar esta información «bajo demanda» en la propia tienda.
Los riesgos e impacto descabellado que implica el borrador de Real Decreto, podrían enumerarse en:
- Atribución indebida de la carga de etiquetado
Se traslada al minorista la responsabilidad de etiquetar un producto, una responsabilidad legal que la normativa europea (Reglamento UE 1169/2011) asigna exclusivamente al fabricante o envasador. El detallista carece de los recursos necesarios para no comprometer la seguridad alimentaria, la trazabilidad del producto y la traducción veraz de la información.
- Inviabilidad técnica en el punto de venta
La gestión de miles de referencias y la exigencia de imprimir en braille bajo normas técnicas estrictas (UNE-EN 15823) requieren maquinaria y software especializados que no existen en el comercio de barrio. Cualquier error en la impresión manual derivaría en una responsabilidad civil inasumible para los comercios de alimentación de proximidad.
- Carga administrativa y económica desproporcionada
Los costes de adquisición de equipos, mantenimiento y formación del personal son incompatibles con los reducidos márgenes de beneficio del comercio de proximidad. Esta exigencia supone una barrera de entrada y un agravio comparativo frente a las grandes superficies que pueden amortizar la inversión fácilmente.
- Ineficacia frente a las soluciones digitales
Desde APRODE proponemos fomentar el uso de tecnologías digitales (como códigos QR accesibles) integradas en origen por el fabricante, lo que garantizaría una información veraz y autonomía real para el consumidor.
- Ambigüedad jurídica e indefensión
La normativa no define protocolos operativos esenciales (tiempos de espera o gestión de productos frescos), lo que genera una inseguridad jurídica absoluta ante inspecciones. El detallista queda indefenso al no existir un estándar de actuación compatible con el ritmo de trabajo de una tienda.
- Desajuste estadístico del sistema braille
Basar la accesibilidad casi exclusivamente en el braille físico resulta ineficiente por diseño. Según los datos de la última Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del INE y los registros de la ONCE, se estima que en España apenas unas 10.000 a 12.000 personas son usuarias alfabetizadas en braille. Esta cifra representa un porcentaje mínimo dentro del colectivo de personas con discapacidad visual, que supera el millón de personas en nuestro país. La normativa ignora así a la gran mayoría de ciudadanos con baja visión o discapacidad sobrevenida en edad avanzada, quienes se beneficiarían mucho más de tecnologías de lectura de voz o de la atención directa en el establecimiento.
- La atención personalizada como alternativa real
La asistencia y el acompañamiento directo en el punto de venta representan la solución más humana, efectiva y de coste cero. Esta labor, que el detallista ya ejerce de facto, es más inclusiva al cubrir necesidades visuales, cognitivas y de edad de forma integral.
Antonio López Vaquero, presidente de APRODE, subraya la importancia de esclarecer la viabilidad real del proyecto: «No vamos en contra de la inclusión, vamos a favor de una accesibilidad que funcione de verdad. Trasladar la carga del etiquetado al pequeño comercio es una barrera burocrática letal que no soluciona el problema del consumidor».
Destaca, además, la preocupante falta de publicidad con la que se está tramitando este proyecto de Real Decreto, a espaldas del consejo y opinión del sector directamente afectado. Desde APRODE, denunciamos que se esté avanzando en una normativa de tal impacto sin informar directamente al sector del comercio, el principal afectado, privándole de un proceso de diálogo transparente sobre el desarrollo y las consecuencias reales de la medida en la operativa diaria de las tiendas.
Desde APRODE instamos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a replantear el Proyecto de Real Decreto hacia un modelo que priorice la accesibilidad cognitiva y humana. Es imperativo que la Administración escuche al sector y diseñe una normativa equilibrada, que no comprometa la seguridad alimentaria ni la sostenibilidad de las PYMES que dan vida a nuestros barrios y prestan un servicio esencial en todo el territorio nacional.
