La Asociación Profesional de Detallistas de la Alimentación de España (APRODE) expresa su profunda preocupación ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas en los pequeños comercios de alimentación.
APRODE ha advertido sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener tanto para comerciantes como para consumidores, y así se lo hemos trasladado en una carta dirigida al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Naturaleza del sector y horarios de apertura
Los comercios de alimentación de proximidad prestan un servicio esencial en la comunidad, proporcionando productos frescos y esenciales diariamente. La reducción de la jornada laboral, si implicase una reducción del horario de atención al público, limitaría nuestra capacidad para atender adecuadamente a los clientes, especialmente aquellos con horarios de trabajo extensos o no convencionales. Esta medida no solo afectaría la conveniencia de los consumidores, sino que también podría provocar una significativa pérdida de ingresos para los comerciantes, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de numerosas pequeñas y medianas empresas en miles de municipios.
Impacto en la competitividad y la economía
Por otro lado, para mantener los horarios de apertura, esta medida obligaría a los comercios detallistas de la alimentación (entre otros sectores especialmente afectados) a contratar personal adicional, incrementando, por tanto, los costes laborales y debilitando su posición y competitividad en el mercado frente a operadores con mayores recursos.
Según el informe de CEPYME sobre el Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, mantener los salarios actuales con la reducción de jornada supondría un coste directo de 11.800 millones de euros. El coste – hora se vería incrementado en un 6,26 %, lo que sumado a los incrementos recientes del salario mínimo interprofesional (SMI) y otros costes indirectos, aumentarían el riesgo de cierre de muchas pequeñas empresas, afectando gravemente al tejido empresarial y al empleo local.
Para hacer frente de esta subida de costes, los supermercados se verían obligados a repercutirlo en una subida de precios en productos de alimentación, contribuyendo a una mayor inflación, que lleva ya 2 años acuciando al sector minorista y de distribución y por ende, perjudicando a todos los consumidores.
A diferencia de operadores que puedan actuar con horarios extendidos y mayores recursos, esta medida pondría en desventaja a los detallistas del sector de la alimentación, desposicionándoles en un mercado altamente competitivo, poniendo en riesgo su supervivencia y con ello, facilitando la concentración del mercado en grandes operadores, mejor capacitados para asumir el alto coste empresarial de esta medida.
Efectos en el empleo local
Aplicar la reducción de la jornada laboral indiscriminadamente podría tener también un efecto negativo en el empleo local, contrario a los objetivos que persigue la medida. Los pequeños comercios de alimentación son una fuente importante de empleo en muchos municipios, proporcionando trabajos flexibles que podrían verse afectados por esta reducción de horarios. Esto podría llevar a una disminución del personal, impactando directamente en los trabajadores y sus familias.
“Si bien apoyamos firmemente la conciliación de la vida laboral y personal, consideramos que esta medida podría tener consecuencias negativas significativas tanto para los comerciantes como para los consumidores”, ha destacado el Presidente de APRODE, Antonio López Vaquero.
Propuesta de APRODE
La regulación actual es apropiada; y en todo caso, si hubiera que estudiar algún tipo de reducción de jornada, ésta debería ser evaluada con mayor detalle y sensibilidad a los distintos sectores de actividad, y por ello hemos remitido una carta al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, haciendo un llamamiento a revisar y ajustar la propuesta de reducción de la jornada laboral que se está negociando en el seno del Diálogo Social, considerando el impacto negativo que podría tener en los comercios minoristas de alimentación, sus empleados y el conjunto de los consumidores.
En dicha carta, proponemos en primer lugar mantener la regulación actual, y en caso de que los agentes sociales y posteriormente la mayoría parlamentaria convenga algún tipo de reducción de jornada, que se establezca un criterio basado en el tamaño de la empresa, que contemple una excepción a esta medida para pequeñas y medianas empresas (de menos de 250 trabajadores). Esta consideración permitiría a los comercios de proximidad continuar operando sin los perjuicios mencionados y seguir contribuyendo a la economía local.
En este sentido APRODE hace un llamamiento a las autoridades para mantener el diálogo social, para evaluar el impacto real de medidas como la reducción de la jornada laboral atendiendo a las características de los distintos sectores de actividad, su productividad singular y las circunstancias económicas.
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